Por: Mgter. Patricia Acevedo (Docente e investigadora de la UNC. Indaga temas ligados a Ciudadania y Participación)

¿Hasta qué punto la Carta Orgánica de la ciudad limita la capacidad de ejecutividad de un gobierno? ¿No será que se ha perdido la capacidad de entender qué es la democracia?

La democracia es definida como el régimen político participativo basado en la igualdad, la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos, y sus características centrales son: la vigencia efectiva de un conjunto de garantías, derechos y obligaciones individuales y colectivas; la existencia de un Estado de derecho; el equilibrio e independencia de las funciones de gobierno y la responsabilidad pública de los funcionarios.
Después de 26 años de la reapertura democrática en nuestro país, innumerables estudios e investigaciones indican que lo que está puesto en cuestión no es el sistema democrático (eso es sus valores, sus principios, los derechos) sino la credibilidad en quienes conducimos y/o dirigimos las instituciones públicas .
De ahí que me haya preocupado, y por tanto invitado a formular algunas reflexiones lo manifestado por el presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya, en relación a que “la carta orgánica municipal de Colonia Caroya encorsetó un poco la gestión”.
Lo primero que resulta necesario recordar es que pocos municipios de nuestra provincia han sostenido un espacio tan democrático y amplio que haya permitido la aprobación, por unanimidad, de una carta que rija los destinos de sus pueblos o ciudades.
En nuestra ciudad la Carta Orgánica se aprobó por unanimidad luego de más de 8 meses de arduo, sostenido y, sobre todo, públicos espacios de debate.
Todos los vecinos que tuvieran alguna inquietud fueron invitados a exponerlas o acercar por escrito las mismas. Contó con la revisión y asesoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC. Hasta el acto mismo de la jura, fue un emotivo espacio y muestra de ecumenismo en el sentido más amplio del término.
Por otra parte, los funcionarios y/o representantes no debemos olvidar que estamos en nuestros lugares porque los ciudadanos delegaron en no-sotros su representación y, en ese sentido, las normas nos exceden y preceden, esto es, están más allá de nosotros. Y en un sistema democrático es valorable que sean construidas por los ciudadanos.
Ahora bien, si quien conduce una institución, o forma parte de alguna de las instituciones de la democracia, piensa que las normas elaboradas y consensuadas democráticamente encorsetan una gestión, contribuimos a reforzar el descrédito en las instituciones y sus representantes.
Una última cuestión para invitar a la reflexión, y por qué no al debate: quizás como herencia de los 90, los políticos locales (y no sólo ellos), poseen una visión de la política ligada al pragmatismo, alejada de la noción de la política como cosa pública, cosa de todos, como espacio deliberativo, donde lo que se delibera, construye y consensúa es el bien común.
Cuando el presidente del Concejo Deliberante de nuestra ciudad dice: “Muchos se van a la utopía, debemos ser prácticos, coherentes”,.. deja para la política sólo el espacio de la gestión, obviando el de la deliberación y el debate colectivo.
Mi intención en estas líneas se ubica en torno a revisar el valor que otorgamos a las palabras, y sobre todo a las palabras que enunciamos cuando ocupamos un lugar público. Porque las palabras no son ingenuas, sino que también construyen la realidad. En ese sentido, a un año de aprobada la constitución municipal, que un representante legítimamente elegido la defina como un corset, en mi carácter de vecina y ciudadana de Colonia Caroya me preocupa y es por ello que invito a reflexionar y debatir sobre lo planteado.

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