Jesús María viene trabajando en la conformación de su Consejo local de Niñez y Adolescencia y quiere lograr adhesiones de empresas y medios de comunicación.

Esta semana, se produjo el segundo encuentro del Consejo local de Niñez, Adolescencia, y Familia de Jesús María con la intención de avanzar en su conformación y comenzar a trabajar en el diagnóstico de situación antes de lo que sería el trabajo propiamente dicho del Consejo: el diseño de políticas públicas sobre la materia.
Claro que este proyecto debe lidiar con los prejuicios –muchos de ellos bien fundados- que tienen algunos vecinos cuando escuchan que la problemática de niñez y adolescencia requiere mayor compromiso de la comunidad. Algunos sostienen que, en realidad, pareciera que el Estado quiere desentenderse de la problemática y por eso se lo transfiere a las comunidades. Es una lectura simplista del proyecto.
En realidad, lo que plantea la legislación vigente es un cambio de mirada sobre la problemática, particularmente en lo que atañe al cumplimiento de los derechos de la niñez, de modo que puedan sustituirse términos como “menores” o “institutos” por los adecuados. En el nuevo esquema, todos serán niños, niñas, y adolescentes, habrá escuelas, familias, y centros de formación y, en lugar de papás y jueces, habrá familias, comunidades, y otros agentes del Estado.
En tal sentido, el giro de 180 grados se centra en la necesidad de que el niño participe de los procesos en los que se toman decisiones que le atañen porque él es capaz de decir y opinar, debe tener la capacidad para expresar y difundir sus ideas, y conocer sus derechos y obligaciones.
La intervención de los profesionales también precisará de cambios ya que la nueva legislación apela a que haya menos mecanismos de los que podría denominarse de control y ya no se piensa en la institucionalización o la adopción como los únicos mecanismos para responder a problemas serios.
Desde esta nueva perspectiva, los niños, niñas, y adolescentes son sujetos de derecho, titulares de derecho y, también, actores sociales. De modo que la comunidad toda debe garantizarles un mínimo de derechos: a la protección, al desarrollo, a la supervivencia, y a la participación.
El mayor desafío es encarar la defensa de los derechos de niños y adolescentes desde una visión macro donde se conjuguen el interés superior del niño y la niña, la responsabilidad compartida, la integralidad, la universalidad, el principio de no discriminación, y la participación.
Está claro que la intervención del Estado o de algunos actores de sus poderes resultará insuficiente para garantizar que todos estos derechos se cumplan. De allí, la necesidad de que la comunidad en todos sus estamentos, incluido el empresarial, se inmiscuyan y participen de los procesos de conformación de los Consejos locales de Niñez y Adolescencia, un espacio abierto para todos.