Por: Roberto Birri (Legislador provincial por el Partido Socialista)

Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo cabe ir mejorando, decía Serrat en una canción.

El debate en torno a la pobreza ha vuelto a instalarse y a pesar de los augurios del gran catalán, después de la caída del 2001 millones de compatriotas siguen en el pozo de la exclusión, y en esa inercia la actual administración manipula las mediciones de manera tal que, bajo una mirada retrospectiva donde se incluyan las variables de oportunidad y proporción, podemos concluir hoy que la pobreza en la argentina no ha disminuido sino que lo que se ha acortado es la regla con que se la mide.
Lo cierto es que en los últimos años, nuestra sociedad ha experimentado transformaciones que la modificaron estructuralmente. Viejos fenómenos como la pobreza, el desempleo y la exclusión se acrecentaron en forma exponencial, como resultado de políticas que priorizaron los valores del mercado por sobre la vida de los pueblos y pulverizaron el empleo, destruyeron las economías regionales, entregaron las empresas nacionales a monopolios privados y aniquilaron la seguridad social, la salud y la educación, culminando un proceso iniciado en la década del 70.
Ante la disolución del Estado de Bienestar y perforadas todas las redes sociales, comenzaron a evidenciarse grandes cambios en la estructura social, en la relación del Estado con la Sociedad, y en la de los sujetos entre sí.
Intentando atemperar los efectos y disimular en lo posible tanta exclusión, el modelo se abocó a reproducir una vez más, la vieja impronta de las políticas sociales de nuestro país, con criterio clientelístico y paternalista, que no interpelan a la pobreza, porque su función es mitigarla. Se sustentan en la lógica del modelo y su inercia las lleva a sostenerlo porque lo contrario conlleva su propia extinción.
Desde esta posición filosófica y política que concibe a la pobreza como fenómeno inevitable y como variable independiente del proceso de desarrollo, se profundiza la vieja impronta de planificación fragmentada de la gestión gubernamental.
En esa lógica también se imprime un mensaje: la pobreza no es responsabilidad de todos. Es una situación que aqueja a algunos; independiente de las decisiones políticas y las conductas o actitudes cotidianas de los ciudadanos; en todo caso vinculadas a las decisiones que toman las propios víctimas. Y por ser un problema externo, problema de los “excluidos”; es necesario que “alguien”, desde algún lugar, se ocupe de resolverlo.
Sin embargo, la lógica más elemental nos indica que, si existen “excluidos”, existe un centro que excluye. Es decir, que la exclusión y la inclusión formarían parte de un mismo movimiento; de una misma lógica.
A su vez, podemos observar que la llamada “exclusión”, en realidad no es una, sino muchas. Y esto tiene sentido en tanto que, en una sociedad donde la lógica es la segmentación, la discriminación y la expulsión, no faltarán razones para escindir, discriminar y excluir.
Tenemos así la división entre pobres y no pobres; entre jóvenes y viejos; entre sanos y enfermos; entre creyentes y no creyentes; entre varones y mujeres; entre homo y heterosexuales; entre alumnos de escuela pública y privada; entre el centro y los barrios; entre los barrios populares y los barrios cerrados…. Y así indefinidamente.
Este es el momento en que debe hacerse frente a un gran desafío ideológico: ampliar las áreas de “compensación social”, o fortalecer en competencias y recursos los dispositivos que la sociedad y el Estado han creado para el encuentro y el desarrollo de las personas; incrementando las posibilidades de acceso a la educación y la cultura en todas las edades, profundizando la participación que promueve una ciudadanía activa y comprometida, y accionando responsablemente a favor de una economía más humana con empleo y seguridad social. Para ello es imprescindible distribuir la riqueza que produce nuestra Nación de una forma totalmente distinta a la actual.
No obstante, reconocer que el gran desafío de un futuro gobierno progresista es detener la “máquina de excluir”, no implica dejar de lado la responsabilidad de tender la mano a todos aquellos que en el “hasta ahora” y en el “mientras tanto” han quedado o pudieran quedar fuera de la red que garantice un mínimo de dignidad y felicidad.
Es indispensable entonces, contemplar en el diseño de políticas públicas, medidas que contemplen las necesidades inmediatas, las de mediano plazo y las de un futuro más lejano.
Ubicamos las políticas de pleno empleo, universalización de la educación, la salud, la vivienda y la participación ciudadana como las políticas sociales por excelencia, y creemos que éstas sólo son posibles desde una impronta de gestión que considere a la cuestión social como el eje y la razón de ser del Estado.
Ante las urgencias y el drama social, es necesario asumir el desafío de innovar. Sin resignar ninguna bandera de integración y desarrollo de igualdad de oportunidades, debe crearse nuevas metodologías que reconozcan que es en la acción con el otro, con el diferente, donde está la verdadera reconstrucción de la trama social.

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