Ante los concejales, seis integrantes del Programa Médicos Comunitarios abogaron por la continuidad de las tareas que realizaban en Caroya.

La versión que oportunamente ofreció cuando fue interpelado el secretario de Salud caroyense, Eduardo Chalimond, entró en franca contradicción con lo manifestaron seis de las integrantes del Programa Médicos Comunitarios que trabajaban desde hace cuatro años para la ciudad.
María D´Angeli, Mónica Achával, Julieta Carrizo, Laura Redín, Silvia de Benedetto, e Ivana Segota señalaron que la continuidad del programa dependía de que el gobierno municipal se hiciera cargo de afrontar el pago de las cargas sociales y de la jubilación, lo que le ocasionaría un gasto anual cercano a los 120 mil pesos.
La versión de Chalimond era que, en realidad, las erogaciones que iba a tener que hacer el municipio orillaban los 500 mil pesos anuales, cifra que en nada concuerda con la aportada por las profesionales.
¿Dónde radica la diferencia? En que el gobierno nacional, vía Banco Mundial, garantiza el pago de los haberes hasta 2011, fecha en la que el municipio debiera incorporar a las profesionales bajo algún regimen que jerarquice su actividad profesional.
Las integrantes del programa sostuvieron que Colonia Caroya es una de las pocas localidades a las que la Nación les aprobó un proyecto de salud en el que se incluyen infinidad de trabajos comunitarios, por ejemplo, en cortadas de ladrillos, en zonas vulnerables, en campañas de vacunación, en charlas para colegios y la comunidad.
Pero el argumento más fuerte que trajeron fue el de los costos que le demanda, actualmente, a la Municipalidad haber contratado a cuatro de esos profesionales por trabajo pleno y en tareas de consultorio. Aseguraron que ese desembolso es casi idéntico al que debieran realizar si se les pagaran las cargas sociales y la jubilación a los diez profesionales del programa a los que se les cayó el convenio el 31 de marzo.
“Dentro de algunos años se va a ver el impacto de nuestro trabajo de prevención y promoción de la salud. Nos falta mucho por hacer”, señaló la doctora Redín.
También se rebatió, en la sesión del Concejo, el argumento de que no podían ofrecerles un contrato de locación de servicios porque lo impide la Carta Orgánica.
El concejal de la oposición Gustavo Brandán expresó que habría consenso de todo el cuerpo para generar la enmienda que fuese necesaria a la Carta Orgánica que permita la continuidad de tan valioso servicio para la comunidad. “Quiero pedirles a los funcionarios que no mientan más y dejen de echarle la culpa a la Carta Orgánica”, expresó ofuscado Brandán.
El presidente del cuerpo de ediles, Amílcar Ñáñez, volvió a insistir en que cabe la posibilidad de que se redireccione el presupuesto para poder afrontar el costo que supone la continuidad del programa.
Quedó claro en la reunión que la continuidad depende de la decisión política que tome el intendente Rodolfo Visintín, ya que el Concejo no puede generar ningún tipo de normativa que obligue al municipio a asumir un compromiso.
También quedó claro que Chalimond recibió, al asumir, un informe completo sobre lo actuado por los profesionales del programa y las acciones que proyectadas.