Tras 50 días en que los empleados del Poder Judicial llevan adelante medidas de fuerza, el Colegio de Abogados de Jesús María salió en defensa de sus asociados e informó a la comunidad sobre el motivo de las demoras en trámites judiciales.

El presidente de la Delegación Jesús María del Colegio de Abogados de Córdona, Pedro Canalda, convocó a una conferencia de prensa para explicar la caótica situación que atraviesa la Justicia local a raíz de las medidas de fuerza que llevan adelante los empleados del Poder Judicial desde hace 50 días.
Ocurre que existe una prolongada demora para que los tribunales se expidan en las causas y, en muchos caso, se corre el riesgo de “perención” de causas en la que muchos clientes de abogados se ven perjudicados y culpan a éste por esa instancia.
Para el Colegio de Abogados, las Asambleas que realizan los judiciales son una forma de paro aunque indirecto porque implica que, durante las horas en que dura la medida, no hay atención al público.
Como resultado de esas medidas, nadie diligencia los expendientes y los secretarios y prosecretarios se ponen al frente del mostrador y tratan de sacar lo que pueden.
Ese numerario no alcanza de ninguna manera a proteger la actividad jurisdiccional y trae aparejada la queja de los clientes.
“No hay ninguna medida contra la huelga. Técnicamente el responsable es el Tribunal Superior de Justicia que es quien debe adoptar las medidas. ¿Cómo puede hacerlo? declarando días inhábiles a los días en que hubo asambleas y salvaguardando al abogado de su responsabilidad profesional porque mucha gente no cree que no es nuestra culpa”, indicó Canalda.
De por sí, las causas en los Tribunales Ordinarios de Jesús María ya venían con un atraso de 15 días, más los 50 días de paro indirecto de los empleados, dieron como resultado un “caos” total que no se resolverá si se levanta la medida de fuerza. En ese contexto, muchos abogados tienen miedo por la suerte que puedan correr las causas que defienden.
Sobre todo, por los plazos que están establecidos en los diferentes códigos y que hacen que muchos trámites sean improrrogables, a riesgo de declararlos fuera de término, perimidos, vencidos, caducos (elija el término que más le guste).
“No podemos adoptar otra medida que hacerlo saber porque los empleados están ejerciendo sus derechos”, expresó Canalda.
La oferta del TSJ
Como única propuesta, el TSJ ofreció una suma fija de 220 pesos para todas las categorías, que terminarían siendo unos 160 pesos de bolsillo, más un agregado de otros 20 pesos más que dejarían el incremento en 187 pesos.
El TSJ planteó que el único dinero disponible que tiene para ofrecer a los empleados son los 11,45 millones de pesos que tiene en el presupuesto y que surge del cobro de las Tasas de Justicia y de la asignación que hace el estado provincial.
“Los que reclaman no son los que ganan cuatro mil pesos, sino los que tienen un salario mucho menor. Ni hablar de los pasantes que cobran algo más de 600 pesos”, reflexionó Canalda sobre el reclamo de los judiciales.
El TSJ anunció una nueva acordada por la cual en cada tribunal se debe comunicar el cese de la actividad para la asamblea, cuánto va a durar, y también se anunció el descuento del tramo no trabajado en las remuneraciones a partir de mayo.
El Colegio de Abogados local espera que el TSJ responda a la solicitud que le envió declarando inhábiles los días en los que hubo medidas de fuerza, hasta tanto se puedan normalizar los trámites que estuvieron en marcha durante las últimos 50 días.