Concejales del radicalismo revisaron todas las modificaciones que hubo en el Código de Faltas desde que fue sancionado en 1996.

Con el objetivo de actualizar el régimen de faltas municipales y unificar la legislación que se encontraba dispersa en numerosas ordenanzas, se sancionó en 1996 la ordenanza 1840 que puso en vigencia el nuevo Código de Faltas.
En esa ordenanza, hubo un trabajo minucioso de la entonces presidenta del Concejo, Ethel Bront, y del concejal Antonio Roya.
El código contemplaba materias que no habían sido contempladas antes, entre las que se destacaban: La contaminación ambiental; el poder de policía municipal en lo referente a secuestros, y clausuras, la protección del patrimonio histórico, urbanístico y arquitectónico; y el faenamiento clandestino, tipificando con precisión conductas punibles y sancionándolas con mayor rigor.
En esa oportunidad, se introdujo el instituto de la fianza personal o real para garantizar el cumplimiento de las medidas ordenadas.
Asimismo, y en referencia a la actualización de los montos fijados para las multas, se creó la Unidad Económica de Multas (U.E.M) equivalente a 10 (diez) litros de nafta super de las estaciones de servicio oficiales (YPF).
Casi 13 años después, los ediles de la Unión Cívica Radical se pusieron en la tarea de revisar las ordenanzas posteriores a la sanción del Código con el fin de actualizarlo y darle herramientas al Juez de Faltas para la aplicación de sanciones.
Por ese motivo, se encuentra en comisión el nuevo proyecto de Código que supuso la incorporación de más de 50 artículos nuevos y la actualización de los montos de algunas sanciones, particularmente, las referidas a las agresiones al ambiente.
En el proyecto, se incluyeron, por ejemplo, sanciones al consumo y expendio de bebidas alcohólicas, al incumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el funcionamiento de los locales destinados al alquiler de computadores (CIBER), a los conductores que superen los límites legales permitidos de alcoholemia o se encuentren bajo la acción de tóxicos o estupefacientes y a los que no respetan la velocidad máxima permitida, entre otros.
Se añadieron artículos, además, a los capítulos referidos al servicio de transporte de pasajeros, a los espectáculos públicos, a la estética urbana, y a la sanidad, higiene y salud.
Un dato interesante que se introdujo fue la penalización para quienes con gritos o ruidos, o abusando de instrumentos sonoros, o ejercitando un oficio ruidoso, en forma notoriamente abusiva a la normal tolerancia, perturban las ocupaciones o el reposo de las personas, al igual que los que molesten en reuniones públicas de carácter religioso, político, social, económico o de otra índole.
Una copia del proyecto fue elevado al Juez de Faltas, Carlos Pedernera, para que ofrezca su parecer ya que será él quien tenga que dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Código.
La nueva propuesta normativa está compuesta de 158 artículos, separada en 14 capítulos, y será trabajada en conjunto con la oposición, tras la meta de dotar a la ciudad de un instrumento moderno en la aplicación de sanciones. Su aprobación podría demandar al menos dos meses de estudio y debate.